La rectora, Lea Cruz, lamentó ayer las pérdidas ocasionadas por la toma y señaló que el caso ya fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Comunes para proceder en base a la ley.

“Esta toma es un hecho insólito, arbitrario y además ilegal porque ellos efectúan una toma sin antes haber notificado el descontento, ni habernos planteado ninguna inconformidad sobre la base de lo que ellos argumentan”, expresó.

Los estudiantes universitarios se tomaron el lunes anterior las instalaciones de la UPN, al denunciar un incremento de 20 a 150 lempiras al derecho de examen de admisión, que se practica a las personas que están por ingresar a la institución. Los estudiantes también se quejaron por los problemas en el sistema de matricula vía Internet y por la falta de espacio que suponen padece la universidad.

La rectora de la UPN confirmó ayer que sí hubo incremento al derecho de examen de admisión, pero “se efectuó en base a un análisis financiero, porque somos una universidad pública y los recursos son insuficientes”. Según Cruz, el costo real del examen de admisión es de 330 lempiras.

Lucha continúa

“Nosotros queremos decir que vamos a mantener firme este movimiento, con todo y que nos desalojen, pero vamos continuar en la lucha porque también se nos expulsó a un compañero y exigimos sea reintegrado para que podamos sentarnos a negociar”, expresó el estudiante, Joel Munguía.

Y es que la tarde del lunes los miembros del Consejo Directivo determinaron expulsar de manera definitiva al estudiante Javier Edgardo Espinal por bajo rendimiento y por suponerlo responsable de las protestas que ocurren en la institución.

Los estudiantes señalaron ayer que recibieron la visita de los elementos del Ministerio Público, entre ellos el fiscal de Protección al Consumidor, Dagoberto Martínez, quien aseguran, es hijo de uno de los directivos de la UPN. La toma sumó ayer el cuarto día consecutivo.